El último año de la gestión de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del ente investigador será recordado no por sus resultados sino por los cambios que realizó y que para abogados significó un retroceso en la lucha contra la corrupción y la justicia.
Porras Argueta, desde que asumió como fiscal en 2018, mantuvo distanciamiento con el entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, pero fue hasta el 23 de julio que decidió removerlo.
Situación que fue criticada por expertos en el Ministerio Público, ya que se violaron procedimientos internos para la destitución.
Debido a esa movida política, el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyó a Porras, junto a su secretario general, Ángel Pineda, en la lista de corruptos. Por su falta de compromiso en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Decisión que afectó en la cooperación financiera y donación de equipo que hacían autoridades estadounidenses al MP.
En lugar de Sandoval, la fiscal colocó al fiscal cuestionado Rafael Curruchiche.
Otros cambios de Porras que preocupan
Luego de que se conoció la relación estrecha entre la fiscal general y la directora del Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima, Alejandra Carrillo.
La jefa del MP cambió a Eduardo Pantaleón, fiscal que investigaba a Carrillo por supuestas plazas fantasma y otras anomalías como funcionaria.
Asimismo, Porras decidió trasladar a la fiscal Hilda Pineda de la Fiscalía de Derechos Humanos, donde estuvo por alrededor de 15 años. Y logró la detención de decenas de militares acusados de desapariciones forzadas.
También la fiscal Porras decidió reubicar a Stuardo Campo como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción. Donde se investigaba al expresidente Jimmy Morales por anomalías en su gestión como es el caso Libramiento de Chimaltenango.
En el último nombramiento de la semana se conoció que Raúl Figueroa ahora se encargará de la Fiscalía contra la Corrupción. Figueroa dirigió la Fiscalía de Extinción de Dominio.
