El Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo presentó este jueves 7 de marzo una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) por un caso que involucra al secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda.
El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, acudió a la sede del ente fiscalizador para realizar el planteamiento respectivo y que se pueda iniciar con la investigación que corresponda.
“Por instrucciones del señor presidente, vengo a denunciar ante la población y la Contraloría el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, dijo.
Agregó que esto fue realizado en el gobierno anterior, obedeciendo a una solicitud de Pineda.
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#AHORA Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia: "Por instrucciones del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, vengo a denunciar, ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas, el posible uso de fondos públicos para la persecución política… pic.twitter.com/Kr1PEIQvFX
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 7, 2024
Señalamientos contra el secretario
Con respecto a los motivos de la denuncia, Guerrero señaló que se busca el esclarecimiento de la utilización de recursos del Estado de Guatemala, tomando en cuenta los siguientes hechos:
- El 16 de noviembre de 2021, Pineda dirigió un oficio al presidente de la república, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado.
- Agregó que, a pesar de que en el oficio se acompañan únicamente publicaciones realizadas en redes sociales, el día siguiente la secretaria general de la Presidencia, por instrucciones del entonces gobernante, ordenó al Procurador General de la Nación iniciar las gestiones necesarias para emprender la persecución política.
- Como consecuencia, el procurador inició los procesos ante el Ministerio de Finanzas y requirió la asignación de recursos adicionales de forma urgente para contratar al bufete por Q461 mil 600 mensuales.
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“La estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación de la actual fiscal general, Consuelo Porras”, destacó el secretario del Ejecutivo.
En ese sentido, indicó que se solicita la auditoría de la Contraloría al Ministerio Público, la PGN y la cartera de Finanzas en relación a lo que se expuso, una situación que se mantuvo entre los años 2021 y 2022.
Con respecto a la posibilidad de que haya otras personas involucradas o se presenten más denuncias, detalló que el objetivo de poner en conocimiento estos hechos es que, con base en los resultados de las averiguaciones, se emprendan las demás acciones que se consideren.