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CSJ sigue sin resolver antejuicios contra magistrados del TSE

La solicitud de retiro de inmunidad contra ocho magistrados fue presentada hace más de un mes. Si es declarada con lugar, el expediente debe ser remitido al Congreso.

Foto: Edwin Bercián

Hace más de un mes, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó la solicitud de retiro de inmunidad en contra de cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), valorado en Q148 millones.

La acción legal en contra de los togados fue planteada el pasado 27 de septiembre y a la fecha suman 34 días sin que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva los expedientes que señalan a las autoridades electorales de la posible comisión de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Se trata de los magistrados titulares: Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Asimismo, los magistrados suplentes: Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

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Desde que se presentó la petición, el expediente de antejuicio ha recorrido las diferentes instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, los magistrados se han reunido en varias ocasiones en plenos ordinarios y extraordinarios sin resolver dicha petición, que si es declarada con lugar, los expedientes deben ser remitidos al Congreso de la República.

@emisorasunidas897

MP da seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP. . . #euelecciones2023 #GUATEVOTA2023 #EleccionesGT2023 #Trep #MP #TSE #Antejuicio

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Señalamientos contra los magistrados

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones. Refieren también que esta última, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y, según el MP, con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.

* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7

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