La presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, se pronunció acerca de la publicación de la Lista Engel 2022 por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se señala a 16 guatemaltecos, incluidos dos magistrados.
Por medio de un comunicado, la togada señaló que su difusión constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República de Guatemala y “quebranta específicamente el Principio de Derecho de Defensa”.
La magistrada agregó que la carta magna establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente.
En ese contexto, resaltó que al incluido a los magistrados de la Corte guatemalteca en el refiero listado se vulnera el principio de presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal.
De acuerdo con el reporte de EE. UU., Nery Oswaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana, actuales integrantes de la CSJ, socavaron el proceso o las instituciones democráticas.
“Al participar en el esquema de Comisiones Paralelas 2020 para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”, destacó la oficina.
#EUNacionales EE. UU. desclasificó el listado en el que se incluye a personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua implicadas en corrupciónhttps://t.co/jcHglGgZLr
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 20, 2022
Lista iría contra el debido proceso
A criterio de la magistrada Valdés, la referida lista también vulnera el debido proceso, pues carece de legitimación y constituye una intolerable intromisión en la administración de justicia.
Esto porque, a su criterio, se señala de forma infundada y sin ningún medio probatorio a funcionarios del Organismo Judicial que, por su alta investidura de magistrados y jueces, deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros, ya que gozan de prerrogativas que les otorga la Constitución.
La togada concluyó su pronunciamiento al indicar que la lista constituye una “ilegal intromisión” en las funciones constitucionales que le corresponden al OJ, específicamente las de juzgar y ejecutar lo juzgado.