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Capturan a auxiliar fiscal a cargo del caso Libramiento de Chimaltenango

Según el MP, Eduardo Pantaleón habría ocultado información para beneficiar al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

auxiliar fiscal Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes
Foto: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se realizó la captura del auxiliar fiscal Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, quien tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango.

La Fiscalía de Asuntos Internos lo sindica de supuestamente ocultar información para beneficiar al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y a empresas constructoras relacionadas al caso.

La investigación en su contra se inició de oficio luego de que la jueza Silvia de León advirtiera anomalías en el expediente durante la audiencia de primera declaración del exfuncionario.

Los delitos que se le atribuyen a Pantaleón son: incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

Fiscal se pronuncia

El fiscal Pantaleón fue trasladado a la Torre de Tribunales y al ingresar se pronunció sobre los señalamientos en su contra y aseguró que “está dando la cara”. Además, mencionó que su trabajo fue profesional bajo el amparo de la ley.

“Puedo ver a cualquier ciudadano a los ojos, no tengo por qué bajar la mirada a nadie”, expresó.

Juicio por caso Libramiento

El pasado 27 de enero, el Juzgado de Mayor Riesgo C emitió auto de apertura a juicio en contra de 22 personas señaladas en el caso Libramiento de Chimaltenango.

De acuerdo con las investigaciones del MP, los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala por medio de la realización de un evento de licitación pública en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

El proyecto estaba enfocado en la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango y con este se habría beneficiado directamente a la entidad Constructora Nacional, S.A. a través de la entidad Renova Ingenieros, S.A. que participó como oferente.

La junta de licitación adjudicó tal contrato, por un monto de Q77.7 millones, a pesar de que según la fiscalía, carecía de la capacidad técnica, económica y financiera.

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