La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) podrá imputarle nuevos hechos al exdiputado Estuardo Galdámez, implicado en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Esto se debe a que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declararon con lugar una apelación presentada por esa unidad del Ministerio Público (MP).
Con ese fallo revocaron la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo que había impedido imputar nuevos cargos al exparlamentario.
Exdiputado habría cobrado sobornos
La FECI busca imputarle el delito de enriquecimiento ilícito a Galdámez, quien supuestamente recibió sobornos por aproximadamente Q2 millones.
Las comisiones ilegales serían resultado de su gestión para la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, por medio de un proyecto que beneficiaría a ciertas personas.
Con la resolución de la CC, la fiscalía podrá solicitar a la jueza de Mayor riesgo D, Erika Aifán, que el excongresista también sea procesado por el referido cargo.
En la actualidad está ligado a proceso por tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita.
Detención tras meses de estar prófugo
Galdámez fue capturado el año pasado, en la víspera de Nochebuena, tras estar prófugo por varios meses. El operativo que permitió su ubicación se realizó en Villa Nueva.
La Policía Nacional Civil detuvo un vehículo en donde se transportaba una persona que carecía de documentos, informó el Ministerio de Gobernación.
Añadió que al utilizar el dispositivo MI-3 se determinó que se trataba del exdiputado que está señalado en al menos tres casos: Asalto al Ministerio de Salud, Arca y Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo.
#EUNacionales Está en desarrollo una diligencia de allanamiento en seguimiento al caso Asalto al Ministerio de Salud https://t.co/zttCBQuBXa
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 18, 2021
En el primero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) le atribuye al exdiputado una serie de irregularidades.
Las pesquisas establecieron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a sustraer fondos públicos destinados a hospitales nacionales.
El grupo estaba integrado por aproximadamente 50 personas y se enfocó en tres acciones primordiales, entre estas, el cobro de comisiones por contratos para remozar sedes de salud, comprar bienes y otorgar plazas.