El ciudadano quetzalteco Pedro Alfonso Sifontes exigió a la justicia guatemalteca revocar una diputación que se entregó al partido político Vamos después de las elecciones generales de 2019.
Sifontes compitió en el evento electoral pasado por un escaño en el Congreso de la República.
En los comicios buscó el apoyo de los quetzaltecos para representar al referido distrito, impulsado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
De acuerdo con su versión, él habría obtenido el beneficio de los votantes de esa región y debería de haberle sido entregado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cargo en el Organismo Legislativo
Hoy son 574 días que me robaron la curul que obtuvimos legítimamentey por voluntad popular el 16 de junio del año 2019, nos mantenemos firmes en lucha por una mejor Guatemala con mejores condiciones para todos. pic.twitter.com/g6pbg0crJz
— Pedro Alfonso Sifontes (@Pedro_Sifontes) January 14, 2021
Sin embargo, hubo un mal conteo de los votos y el ente electoral determinó dar el puesto que le correspondía a él, al partido Vamos.
Sifontes señaló por medio de un comunicado de prensa que difundió en su cuenta de Twitter que han pasado más de 500 días desde que de forma irregular le fue arrebatada su curul.
En la nota se indicó que:
“Hoy –jueves 14 de enero– estamos a 574 días de un acontecimiento histórico para nuestro departamento, para nuestro país y para nuestra democracia, la cual cada día se debilita con acciones que van en contra de cualquier principio democrático y con el único fin de no respetar la voz del pueblo al alterar los resultados de una elección”.
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Declaran ganador a otro partido político
Según Sifontes, no son reales los datos que figuran en las actas de las elecciones de junio de 2019, pues se consignó que:
- Obtuvo 24 mil 238 votos, pero que en realidad fueron 24 mil 457. Es decir que le quitaron 219.
- Además, explicó que Vamos recibió 24 mil 348 según el acta, pero que en el documento se restaron 74. O sea que la agrupación oficial obtuvo 24 mil 422.
Afirmó que existen acciones legales planteadas ante el TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) para que se establezca al verdadero ganador.
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