Luego de aceptar su culpabilidad, el Juzgado de Mayor Riesgo “B” suspendió la persecución penal por el delito de caso especial de defraudación aduanera contra cinco empresarios señalados en el caso La Línea.
Se trata de los sindicados Antoun Batach Mksoud, Zoumin Mai, Eder Elí Leiva Hernández, Sookhwa Jung y Miao Miao, quienes admitieron la veracidad de los hechos imputados por el Ministerio Público (MP) por el delito antes mencionado.
Los señalados realizaron los pagos de los impuestos defraudados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) incluyendo multas e intereses, fijándole un régimen de prueba por un período de dos años.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 16, 2020
Asimismo, con la finalidad de mejorar su condición moral se les ordenó realizar una donación dineraria por un monto de Q.3 mil al Hogar de Ancianos “Casa María”, ubicada en San Felipe de Jesús, Sacatepéquez.
Mientras que para mejorar su condición educacional y técnica se les ordenó asistir a dos cursos de Cultura Tributaria en el ente tributario.
Sentencian a cinco empresarios
El 1 de julio pasado, cinco empresarios implicados en el caso de defraudación aduanera fueron condenados este miércoles por la vía del procedimiento abreviado.
La pena impuesta por el juzgado fue de tres años con cuatro meses de prisión conmutables. Se trata de las siguientes personas:
- Hugo Jo Hu
- María Olimpia Oliva Vivar
- Fang Meiyu
- Augusto René Castillo López
- Jae Uk An
El MP dio a conocer que estas personas reconocieron haber cometido los hechos ilícitos, por lo que se les encontró culpables del delito de cohecho activo.
Tomando como base las pruebas presentadas por la Fiscalía se determinó que los sentenciados utilizaron el mecanismo de defraudación.
Sentencian a cinco empresarios implicados en el caso La Línea
También se estableció que fueron cómplices del delito por el que se les condenó, pues habrían buscado los servicios de la estructura criminal que operaba en las aduanas del país.
Además de que se les impuso la pena de prisión conmutable, se fijó una multa de Q33 mil 333 a cada uno de los sentenciados, y el juez ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
De igual forma, se dejó abierta la vía para que el Estado haga la reclamación correspondiente a la reparación por el delito cometido.