Con 81 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 10-2019, de la Ley de Aceptación de Cargos.
Durante varias semanas el tema estuvo en la agenda legislativa; sin embargo, la discusión final coincide con la publicación de información oficial de Estados Unidos acerca de la condena de prisión que se impuso al excandidato presidencial Manuel Baldizón en ese país por haber cometido lavado de dinero.
Con dicha modificación al Código Penal se provee un instrumento legal para regular el hecho de que un sospechoso pueda ser declarado culpable de una acción ilegal sin llegar a un tribunal de sentencia o que sea sometido a una audiencia intermedia.
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#URGENTE
Diputados aprueban el decreto 10-2019, Ley de Aceptación de Cargos. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/CKAGsW6wAf— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 13, 2019
La justificación para crear dicha normativa es supuestamente disminuir la mora judicial ante la intención de los sospechosos por confesar sus delitos; evitar el hacinamiento en las cárceles y reducir el desarrollo del proceso penal.
En la legislación nacional existe la figura del procedimiento abreviado, el cual se desarrolla después de que el Ministerio Público (MP) ha investigado a una persona señalada de haber cometido un delito y que este tenga la disposición de aceptar su culpa.
Cambios de la Ley
Algunos de los preceptos que se incluyen en la referida iniciativa son:
Que el señalado pueda aceptar su culpa durante la audiencia de primera declaración, para lo cual el juez deberá dar un plazo de una hora para que el imputado con su abogado defensor analicen la situación.
Si esa intención ocurre después de la referida diligencia, el plazo sería de hasta cinco días.
Estas son las enmiendas para la ley de aceptación de cargos acordadas para ser aprobadas por el pleno del @CongresoGuate Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/iXL27Uf3qG
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 12, 2019
Dicho beneficio puede ser solicitado hasta antes de la audiencia en la cual el órgano encargado de la persecución penal presente las pruebas ante un tribunal de sentencia.