La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, decidió ligar a proceso penal a cuatro exdiputados señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Se trata de los excongresistas Marco Antonio Lemus, Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa, quienes son señalados del delito de tráfico de influencias.
Además, la juzgadora decidió otorgar arresto domiciliario a los exfuncionarios con una fianza de Q30 mil.
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Antecedentes
Este caso se hizo público por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el 26 de julio de 2019, en el cual destacó que se descubrió entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP), el cobro de sobornos por Q53 millones a través de empresas de cartón coludidas con funcionarios.
Entre las pesquisas se determinó que la corrupción figuraba a través de proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad del terremoto de San Marcos.
Durante la presentación, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destacó que durante esos años se había cooptado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, resuelve la situación legal de los exdiputados, Marco Antonio Lemus, Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa, implicados en el caso #AsaltoAlMinisterioDeSalud.
Vía @alexvaldez_eu pic.twitter.com/DzflARBjaA— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 9, 2020
Exministro y su hija
Además, en la investigación se estableció que con el nombramiento de Jorge Villavicencio como titular de la cartera de Salud, se iniciaron las actividades delictivas en conjunto con su hija Saraí Villavicencio Delgado y junto con el excandidato presidencial y exdiputado Luis Fernando Pérez.
También se pudo determinar que la organización criminal estuvo integrada por más de 50 personas, entre funcionarios y particulares.
Aparte de llevar actividades ilícitas donde se cobraban comisiones ilegales por la construcción y reparación de hospitales y centros de salud, la adquisición de bienes y servicios, también se realizó la contratación de personal donde hubo 450 plazas disponibles que eran modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas.