La exvicepresidenta Roxana Baldetti accionó legalmente para que la jueza María Eugenia Castellanos no sea separada del juicio que en el Tribunal de Mayor Riesgo B se lleva por el caso “La Línea”.
Según la exvicemandataria, no existe ningún motivo para que sea aceptada la excusa que la juzgadora presentó, con la cual tiene la intención de no conocer el referido proceso.
Caso La Línea: Juez da plazo para análisis de medios de prueba para juicio
Castellanos asegura que tiene una relación familiar con uno de los abogados defensores, por lo cual considera que podría haber conflicto de intereses entre ella y alguno de los procesados.
La exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, también busca que la jueza continúe a cargo del caso.
Las dos exfuncionarias manifestaron, por medio de sus abogados, que no hay manera de probar el extremo que argumentó la jueza.
Las peticiones de Baldetti y Méndez Asencio fueron trasladadas a la Sala de Apelaciones correspondiente, para que sean resueltas junto a la solicitud de inhibitoria de Castellanos.
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El caso La Línea
De acuerdo con la programación del Tribunal, el juicio iniciará en marzo de 2020.
En el debate se conocerá la acusación del Ministerio Público (MP) en contra de más de 20 sospechosos de integrar una estructura dedicada a cometer defraudación tributaria.
Roxana Baldetti controlaba las plazas en el RIC, según testigo
Las investigaciones señalan que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) operaba una estructura que negociaba de manera irregular la disminución del pago arancelario a importadores, a quienes se les exigía la entrega de comisiones ilegales.
Entre los acusados figuran el expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti, quienes serían los líderes de la red de defraudación.
Roxana Baldetti busca dejar sin efecto condena por caso Lago de Amatitlán
Baldetti enfrenta juicio además por el caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral así como por el caso del “Agua mágica”, del lago de Amatitlán por el que ya recibió condena.
Por este último caso recibió una condena de 15 años de cárcel y se le ordenó que pague una reparación digna al Estado por Q34 millones.
*Con información de Jerson Ramos/Publinews